martes, 26 de junio de 2012

¿Estamos locos...?

Pensemos por un momento acerca de un hecho, muy real, que no parece estar teniéndose en cuenta por parte de nuestros "iluminados" gestores públicos.

Cuando una persona o entidad jurídica pide un préstamo inmobiliario, al importe de ese préstamo se le fija un plazo de amortización largo, generalmente de entre 15 y 30 años. Es decir, el importe mensual se calcula en base a ese periodo temporal establecido. Eso significa que, si yo dejo de pagar un préstamo hipotecario porque me quedo sin trabajo, el importe impagado se va incrementando mes a mes conforme a esa cantidad, pero siempre de forma gradual.

Que ocurre, en cambio, cuando un banco ejecuta una hipoteca por impago. Bien, en ese momento la deuda total se condensa y se trae al momento actual, es decir, se da por supuesto que ese préstamo no va a ser amortizado y toda la deuda se contabiliza como impago. Pero eso no es real porque los bancos calculan sus necesidades de liquidez en función de los importes y los plazos a los que prestan dinero, captando recursos conforme a esos planes. Es decir, que un banco no cobre unos meses de un crédito no supone que, de golpe, adeude a sus proveedores (clientes, accionistas, inversores o prestamistas internacionales) toda la deuda completa.

Que está ocurriendo ahora. Dos cosas:

  • Primero: el precio de los inmuebles ha estado cayendo rápidamente y se espera que baje más. Esto ha hecho que los bancos, cuando no han conseguido encontrar un acuerdo de mínimos con los pequeños propietarios (por que a los grandes deudores si los refinancian), hayan embargado rápidamente e intentado sacar a subasta para vender el activo con la menor pérdida posible porque, aunque saben que en España la subasta no salda la deuda y la diferencia la sigue debiendo el embargado, muchas veces tienen dudas de poder cobrar esa diferencia hasta el total por los mismos motivos por los que ha tenido que embargar.
  • Segundo: como el mercado inmobiliario se ha detenido de forma radical, no han sido capaces de sacarse esos activos de encima, con lo que se han visto obligados a incorporar en sus balances como impagada LA DEUDA TOTAL de esos préstamos.

Pero eso no es cierto. La deuda acumulada real no es el total pero, tanto las normas contables como la ley hipotecaria hacen que se contabilice así, obligando a provisionar por el total del préstamo en el momento presente. Esto ha convertido en zombis a las entidades financieras que, sin haber tenido que desembolsar esos totales aún (porque la deuda contraída con proveedores no sabe nada del impago), se han cargado en sus balances unos importes impagados (provisiones) que AÚN no son ciertos. Son potenciales.

Este es el origen principal de la crisis europea actual. Las pérdidas inmobiliarias de los bancos afectan al crédito que conceden, que incide en la economía real, que a su vez incide en el paro y en el cierre de empresas, lo que implica menores ingresos para el estado en forma de impuestos, lo que a su vez hace que se incremente el déficit, debiendo emitir nueva deuda (a mayor coste) y/o acometer recortes, que producen más paro y con ello menos gasto y menos ingresos públicos en una espiral sin fin, como de hecho está ocurriendo. Eso sin contar con los rescates a la banca, a la que las normas contables han dejado zombis de cara a las agencias de rating, que bajan su calificación dificultando su acceso a los mercados financieros y obligándolas a pedir más dinero público.

El final de esta espiral sabemos cual es y no es halagüeño...


Bien, ¿qué pasaría si, en vez de dar el dinero del rescate directamente a los bancos, basándonos en unas normas que, prudentemente pero irreal, convierten en impago completo y presente el importe total de unos préstamos que deberían saldarse a lo largo de muchos años que aún no han transcurrido? ¿Qué pasaría si en vez de eso dedicáramos fondos públicos a ayudar a empresas y familias a cubrir gradualmente sus desfases puntuales de tesorería,haciendo de amortiguador ante esos desfases (muchos sólo temporales) de los prestatarios?

Ocurriría lo siguiente:

  • Los préstamos seguirian vivos, con su correspondiente plan de amortizaciones a largo plazo, evitando así lastrar las cuentas de resultados y los balances de la banca, que mantendría su solvencia y su rating, y con ello su capacidad de acceso a la financiación.
  • El Estado sería igualmente el vehículo de canalización de las ayudas, pero no irían directamente a la banca, sino que circularían por el motor de la economía real. Esto mejoraría la imagen de la clase política, que recuperaría una cierta credibilidad y con ello la confianza de la población en el sistema público, mejorando con ello la imagen psicológica del futuro (motivación y liderazgo)
  • El importe de las deudas impagadas se restringiría a cantidades muy inferiores a las actuales, porque sólo contemplaría el saldo vivo real de impagos hasta el momento actual. Es decir, crecería de forma gradual y no de golpe, dando margen temporal para la mejora global de la economía.
  • Esto daría tiempo al Estado para a cometer las reformas de manera continua y bien elaborada, y no a hachazos, corriendo y mal como se está haciendo ahora, mejorando también la imagen y la sensación de la ciudadanía hacia el futuro.
  • Además, los fondos liberados de los rescates bancarios, deberían invertirse de forma primordial en la creación de tejido productivo, mejorando los ámbitos del emprendimiento, la innovación, la investigación aplicada y la educación, todas ellas inversiones (no gastos) a futuro que hay que empezar hoy, y que deben máximizarse en acciones que puedan llegar a ser autosostenibles por si mismas.
  • Esto crearía empleo, con los beneficios consiguientes en ingresos por IRPF, Seguros sociales, IVA, Impuesto de sociedades, etc...  que, en paralelo con el proceso de optimización y reestructuración del ámbito público y la reforma laboral, mejorarían el déficit público, reduciendo la necesidad de ayudas europeas y ganando en independencia fiscal e imagen ante nuestros socios e inversores internacionales.
  • Todas estas medidas, combinadas con un mayor optimismo general en el futuro, relanzarían el crecimiento, acelerando la espiral en sentido positivo, cosa que habría que regular mediante nuevos controles, más eficaces y reales, del sector financiero, de forma que no creáramos nuevas burbujas.

Es decir, dedicaríamos EL MISMO DINERO PÚBLICO pero de una forma constructiva para mantener la economía real y no el cortocircuito embuclado entre banca y estado que tenemos ahora.

¿Por qué no se hace esto? Lo reclaman los mejores economistas del mundo (Krugman, Stiglitz).

¿Nuestros políticos son gentuza sinvergüenza o estúpidos incompetentes muy bajos de autoestima (soberbios)?

¿Tienen jefes por encima con otros "planes"...?

Mi sentido común no deja otras alternativas, aunque personalmente preferíría que fueran ignorantes. Al menos podríamos intentar ilustrarlos. Pero la estupidez y la avaricia no tienen cura.